Un jurado federal en el Distrito Medio de Florida declaró culpable a Lazaro Alain Cabrera-Rodriguez, de 28 años y residente de Hialeah, por participar en una conspiración internacional de tráfico ilícito de migrantes y lavado de dinero que utilizó una agencia de viajes como fachada.
Según documentos judiciales y la evidencia presentada en el juicio, la organización promovió la entrada de miles de ciudadanos cubanos a Estados Unidos por la frontera sur. Los operadores cobraban entre $1,500 y $40,000 por los servicios y, en ocasiones, coordinaban aviones privados para transportar grupos de migrantes.
Una agencia como fachada
El Departamento de Justicia informó que Cabrera-Rodriguez usó su agencia de viajes para dar apariencia de legitimidad a la operación. La red coordinaba vuelos desde Cuba hacia terceros países y trabajaba con otros traficantes a través del continente americano.
La evidencia mostró que el grupo presentó al menos 600 solicitudes fraudulentas del Sistema Electrónico para la Autorización de Viaje, conocido como ESTA. En esas solicitudes se utilizaron direcciones falsas y se alegó que algunos solicitantes tenían ciudadanía europea o que no habían estado en Cuba desde 2011, aunque se encontraban en la isla cuando los formularios fueron sometidos.
Los ciudadanos cubanos no son elegibles para el programa ESTA. El esquema también promocionaba por redes sociales servicios migratorios y de visas que no eran legítimos.
Más de $20 millones por 57 cuentas
Los registros financieros presentados en el juicio reflejaron que más de $20 millones pasaron por hasta 57 cuentas controladas por el acusado y sus coconspiradores. Entre 2021 y 2024, el grupo envió más de $600,000 desde Estados Unidos para comprar vuelos destinados al traslado irregular de migrantes.
El jurado declaró culpable a Cabrera-Rodriguez de conspiración para tráfico ilícito de migrantes con fines de lucro, conspiración para lavado internacional de dinero y conspiración para ocultar fondos ilícitos.
Sentencia en diciembre
La sentencia está pautada para el 17 de diciembre. El acusado enfrenta una pena máxima de 20 años de prisión, aunque el juez federal determinará la condena después de considerar las guías de sentencia y otros factores legales.
Doce personas fueron acusadas en la investigación. Siete se declararon culpables y esperan sentencia. Otro acusado, Erik Ventura-Castro, fue sentenciado en julio a 30 meses de prisión.
En contexto
El caso muestra cómo redes criminales pueden explotar la urgencia de familias migrantes mediante promesas, documentos y rutas que aparentan ser legales. Antes de pagar por un trámite migratorio, conviene verificar que el proveedor esté autorizado y que la vía ofrecida exista en los portales oficiales.
Fuente: Departamento de Justicia de Estados Unidos, 25 de septiembre de 2026.
La imagen muestra la sede del Departamento de Justicia y no al acusado ni una ruta específica del caso.