La Oficina del Inspector General de Puerto Rico (OIG) concluyó que el Departamento de Salud no realizó un proceso competitivo al seleccionar un proveedor de plataformas digitales y que, para evaluar el contrato, tomó como base el pago nominal de $1 anual de la agencia sin considerar los cargos de procesamiento que recibiría el contratista de los usuarios. El informe se publicó el 18 de septiembre y examinó transacciones y contratos del período comprendido entre julio de 2022 y junio de 2025.
Según la OIG, esa estructura limitó la transparencia y pudo excluir a otros proveedores. El examen también encontró acceso del contratista a documentos, procesos y personal antes de formalizar el contrato, además de contratos y enmiendas sin las autorizaciones y certificaciones tecnológicas exigibles. Son hallazgos administrativos del organismo fiscalizador, no una sentencia penal ni una determinación de que cada servicio de la plataforma sea inválido.
Por qué afecta al ciudadano
El informe sostiene que el cargo de procesamiento puede pesar proporcionalmente más en trámites pequeños. Ofrece como ejemplo un permiso de cremación de $15 con un cargo adicional de $5, equivalente a cerca de un tercio del valor del trámite. La OIG recomienda analizar esa estructura tarifaria, realizar un proceso competitivo y fortalecer los controles previos de contratación.
Qué respondió Salud
En la respuesta incorporada al propio informe, el secretario de Salud argumentó que el desembolso directo de la agencia era de $1 por año fiscal durante cinco años y que, bajo su interpretación, no se activaba la obligación de competencia abierta por contratos de $250,000 o más. También indicó que la agencia adoptó procedimientos nuevos para requerir documentos antes de completar contratos. La OIG evaluó esos argumentos, mantuvo los hallazgos y señaló que varias deficiencias todavía requieren acciones correctivas formales.
El paso siguiente es verificar qué proceso competitivo y controles implementa el Departamento, así como cualquier cambio real en los cargos que paga la ciudadanía. El informe no anuncia una reducción automática de tarifas ni una devolución de dinero a los usuarios.
Fuente: Informe OIG-E-27-002, 18 de septiembre de 2026, incluidas las respuestas del Departamento de Salud. Imagen: portada del informe público de la OIG, reproducida como identificación documental.