Una ofensiva federal contra el fraude en préstamos para pequeños negocios durante la pandemia produjo acciones judiciales relacionadas con más de 160 personas y aproximadamente $245 millones en pérdidas previstas para el gobierno de Estados Unidos.
El Departamento de Justicia, la Administración de Pequeños Negocios (SBA) y la oficina del inspector general de esa agencia presentaron este lunes los resultados de la Operación No Doze. El periodo de trabajo intensivo se extendió del 12 de junio al 1 de septiembre y reunió casos de más de 40 fiscalías federales.
Cargos, admisiones y sentencias
Las autoridades obtuvieron cargos graves contra casi 80 personas por conductas que, según las acusaciones, representaban alrededor de $100 millones en pérdidas previstas. Como los cargos son alegaciones, esas personas se presumen inocentes mientras no se pruebe su culpabilidad.
Además, aproximadamente 43 acusados se declararon culpables en casos relacionados con programas de la SBA, con cerca de $44 millones en pérdidas previstas. Otras 40 personas fueron sentenciadas en asuntos que representaban casi $100 millones.
En conjunto, el Departamento de Justicia situó el alcance de la operación en más de 160 acusados, convictos o sentenciados y aproximadamente $245 millones. La cifra describe pérdidas que los esquemas pretendían causar; no significa que todo ese dinero haya sido desembolsado o perdido definitivamente.
Qué programas fueron afectados
Los casos se concentran en el Programa de Protección de Nómina (PPP) y los Préstamos por Desastre Económico (EIDL), creados para sostener pequeñas empresas durante la emergencia del COVID-19. Entre las conductas descritas aparecen negocios inexistentes, nóminas y ventas falsas, uso de identidades ajenas y ocultamiento de vínculos extranjeros.
La SBA informó por separado que suspendió a 870,000 prestatarios asociados con $39,000 millones en actividad presuntamente fraudulenta de PPP y EIDL. Esa suspensión es una medida administrativa y no equivale, por sí sola, a una condena penal.
Qué puede ocurrir después
El gobierno anunció nuevas alianzas con autoridades estatales de Misuri, Nebraska y Kansas para compartir información y ampliar la detección de fraude. También indicó que enviará reclamaciones de pago a prestatarios bajo sospecha, con posibilidad de cobro por el Tesoro y referidos a las autoridades cuando corresponda.
En contexto
Las ayudas de emergencia se crearon para proteger empleos y pequeños negocios en un momento excepcional. Investigar el fraude protege al contribuyente, pero el debido proceso exige separar con claridad las acusaciones pendientes de las declaraciones de culpabilidad y las sentencias ya dictadas.
Fuente: Departamento de Justicia de Estados Unidos, 14 de septiembre de 2026.