LUMA Energy pidió al Tribunal Supremo de Puerto Rico que rechace el intento del Gobierno de anular la extensión de su contrato y advirtió que una cancelación podría provocar un impacto económico superior a $1,300 millones, afectar fondos federales y retrasar la reconstrucción de la red.
La empresa presentó el 5 de octubre su alegato en oposición dentro del pleito que determinará la validez de la carta-extensión del contrato suplementario. LUMA sostiene que el acuerdo continúa vigente y que el Gobierno no ha identificado públicamente un operador preparado para asumir de inmediato la transmisión y distribución eléctrica.
Las cifras y consecuencias económicas forman parte del argumento de LUMA ante el tribunal y todavía no constituyen una determinación judicial. El Gobierno, por su parte, ha sostenido que la extensión es nula y que fue otorgada sin la autoridad requerida por las leyes de alianzas público-privadas y transformación energética.
Qué dice que está en riesgo
LUMA afirma que anular la extensión podría obligar a pagar obligaciones contractuales, alterar el acceso a fondos federales y detener proyectos de reconstrucción. La compañía también vincula el caso con la continuidad del servicio para aproximadamente 1.5 millones de clientes residenciales, comerciales e industriales.
El planteamiento coloca al Tribunal Supremo ante dos preguntas centrales: si la extensión fue autorizada legalmente y qué consecuencias contractuales surgirían si se declara inválida. El tribunal deberá evaluar esos argumentos junto con las posiciones del Gobierno y las demás partes.
Qué cambia ahora
La radicación no resuelve el caso ni garantiza que LUMA permanezca. Sí completa una fase importante del expediente y obliga a que el debate sobre la salida del operador incluya costos, transición, continuidad del servicio y responsabilidad sobre los proyectos pendientes.
En contexto
El número de $1,300 millones es una advertencia de LUMA, no una factura aprobada ni una conclusión del Supremo. Lo urgente para Puerto Rico es que cualquier decisión responda dos asuntos a la vez: la legalidad del contrato y quién mantendrá la red funcionando desde el primer día si cambia el operador. El país necesita claridad, continuidad y rendición de cuentas, no otra transición sin respuestas.
Fuentes: LUMA Energy, alegato y comunicado del 5 de octubre de 2026; y AAFAF, posición del Gobierno sobre las demandas consolidadas.