Una operación del FBI y de Investigaciones de Seguridad Nacional trasladó desde Haití hasta Miami a 18 acusados que enfrentarán cargos federales relacionados con el asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse, ocurrido el 7 de julio de 2021.
La Fiscalía federal del Distrito Sur de Florida informó el 21 de septiembre que los 18 forman parte de un grupo de 30 acusados por distintos papeles atribuidos al complot. Según los documentos judiciales citados por el Departamento de Justicia, al menos 22 de los nuevos acusados habrían participado directamente en una conspiración multinacional que incluyó financiamiento, reclutamiento y apoyo logístico.
Diecisiete son ciudadanos colombianos
La Cancillería de Colombia confirmó que 17 ciudadanos colombianos fueron trasladados desde Haití a Estados Unidos. El gobierno colombiano dijo que no intervino en la decisión ni en el procedimiento del traslado, y que continuará verificando las condiciones de reclusión, facilitando contacto con familiares y promoviendo el respeto de sus derechos y garantías judiciales.
Las autoridades estadounidenses deberán determinar las responsabilidades individuales. Una acusación formal contiene alegaciones y no equivale a una condena; cada acusado se presume inocente mientras no se pruebe su culpabilidad más allá de duda razonable.
La investigación también sigue el dinero
El Departamento de Justicia indicó que las imputaciones incluyen un presunto esquema de fraude y lavado de dinero que habría utilizado fondos de programas federales de alivio por la pandemia para financiar el complot. La fiscalía asegura que continuará investigando a quienes financiaron, facilitaron o apoyaron el asesinato.
Por qué importa a la comunidad hispana
El caso conecta a Haití, Colombia y el sistema judicial de Estados Unidos. También afecta directamente a familias que esperan información consular y a comunidades caribeñas e hispanas del sur de Florida. La nueva fase permitirá que un tribunal evalúe las pruebas, la jurisdicción y la responsabilidad particular de cada acusado.
En contexto
El traslado abre una etapa judicial, no cierra el caso. La búsqueda de justicia por un asesinato político exige pruebas, debido proceso y rendición de cuentas sin convertir una acusación colectiva en culpabilidad automática. La transparencia del tribunal y la asistencia consular serán esenciales para proteger tanto la verdad como los derechos de todas las personas involucradas.
Fuentes: Departamento de Justicia de Estados Unidos, 21 de septiembre de 2026; Cancillería de Colombia, 20 de septiembre de 2026.