Javier Aguilar, un exoperador petrolero mexicano radicado en Houston, fue sentenciado este lunes en Brooklyn a cuatro años de prisión por participar en dos esquemas para sobornar funcionarios relacionados con Petroecuador y Pemex. El tribunal también ordenó el decomiso de $7.13 millones y una multa de $100,000.
Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Aguilar pagó más de $1 millón en sobornos a funcionarios de la empresa estatal ecuatoriana Petroecuador y de Pemex Procurement International, una subsidiaria de la petrolera estatal mexicana.
El contrato de $300 millones en Ecuador
La evidencia presentada en juicio indicó que Aguilar trabajaba para Vitol Inc. cuando él y sus asociados buscaron obtener un contrato de $300 millones para comprar combustible. Para evitar restricciones de Petroecuador sobre contratos con empresas privadas, utilizaron otra entidad estatal de Medio Oriente como intermediaria.
El Departamento de Justicia sostuvo que los pagos se ocultaron mediante contratos falsos, facturas simuladas, cuentas de correo con alias y sociedades constituidas en Curazao, Panamá y las Islas Caimán.
El esquema relacionado con Pemex
Los fiscales dijeron que Aguilar utilizó estructuras similares para pagar aproximadamente $600,000 a dos funcionarios de Pemex Procurement International. A cambio, Vitol obtuvo contratos para suministrar cientos de millones de dólares en gas etano a Pemex.
Un jurado lo declaró culpable de conspiración y violaciones a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, además de lavado de dinero. Aguilar también se había declarado culpable por la parte del esquema relacionada con México. Siete coacusados, incluidos tres funcionarios extranjeros, se declararon culpables y acordaron entregar en conjunto más de $63 millones.
Por qué importa
El caso muestra cómo contratos públicos en América Latina pueden ser manipulados mediante intermediarios, empresas ficticias y pagos que pasan por el sistema financiero estadounidense. Para las comunidades hispanas y las empresas que compiten legalmente, la corrupción encarece servicios, reduce la confianza pública y altera la competencia.
En contexto
La sentencia castiga a una persona, pero el expediente también revela una red transnacional. La vigilancia útil no termina con la prisión: incluye transparencia en contrataciones, controles sobre intermediarios y recuperación del dinero obtenido mediante corrupción.
Fuente: Departamento de Justicia de Estados Unidos, 21 de septiembre de 2026. Foto ilustrativa: U.S. Fish and Wildlife Service / Wikimedia Commons, dominio público.
