El Departamento de Justicia de Estados Unidos publico un informe que concluye que la oficina del FBI en Richmond realizo investigaciones sobre dos sacerdotes y vigilo los viajes y comunicaciones de uno de ellos, aunque finalmente no encontro vinculos con actividad criminal ni extremismo violento.
El documento examina la preparacion y circulacion de una evaluacion interna de 2023 conocida como Richmond Domain Perspective. Segun el DOJ, esa evaluacion relaciono determinadas creencias catolicas conservadoras con un posible aumento del extremismo domestico.
Mas de 1,800 paginas revisadas
El grupo de trabajo del Departamento de Justicia dijo haber revisado mas de 1,800 paginas de correos, evaluaciones y expedientes internos. El informe concluyo que el FBI utilizo materiales no verificados y que evaluaciones posteriores dentro de la propia agencia determinaron que el documento habia mezclado doctrina religiosa con extremismo violento sin atender adecuadamente las protecciones de la Primera Enmienda.
El DOJ tambien informo que removio a personal relacionado con la elaboracion del memorando. El FBI, por medio de su director, califico el documento de Richmond como inaceptable y afirmo que la agencia no tolerara la utilizacion del gobierno para desalentar actividades protegidas por la Primera Enmienda.
Lo que todavia debe observarse
La publicacion del informe no cierra todas las preguntas. Queda por conocer si el Congreso, los tribunales o las organizaciones religiosas solicitaran medidas adicionales y que cambios institucionales adoptara el FBI para impedir que una doctrina religiosa legitima vuelva a utilizarse como indicador de amenaza sin evidencia concreta.
El informe presenta las conclusiones del actual Departamento de Justicia sobre actuaciones realizadas durante una administracion anterior. Por esa razon, sus afirmaciones deben leerse con la atribucion correspondiente y junto con los documentos que el propio departamento hizo publicos.
En contexto
El gobierno tiene la responsabilidad de investigar amenazas reales, pero no puede convertir creencias religiosas en sospecha automatica. La seguridad publica y la libertad de culto no son objetivos opuestos: ambas dependen de investigaciones basadas en conducta y evidencia, no en etiquetas doctrinales.
Fuente: comunicado e informe del Departamento de Justicia de Estados Unidos, publicado el 27 de agosto y actualizado el 28 de agosto de 2026. Fotografia de Carol M. Highsmith, Biblioteca del Congreso, sin restricciones conocidas de publicacion.