Syed Murtuza Kablazada, ciudadano de India residente en Illinois, se declaró culpable de un esquema que facturó $227 millones a Medicare por pruebas de COVID-19 que cientos de miles de beneficiarios no solicitaron ni recibieron. El programa pagó aproximadamente $136 millones.
Información judicial publicada el viernes 30 de octubre de 2026. La sentencia será fijada posteriormente.
Cómo operó el esquema
Según documentos judiciales y declaraciones en corte, Kablazada y sus colaboradores adquirieron tres laboratorios del área de Chicago entre enero y junio de 2023: Chicago Care, V Care y Al-Ameer.
El acusado pagó cerca de $11 millones a una supuesta compañía de telemercadeo con sede en Pakistán para obtener información personal identificable de cientos de miles de beneficiarios. Los laboratorios usaron esos datos para presentar reclamaciones por kits de pruebas que no habían sido solicitados ni enviados.
Dinero pagado y decomiso
Medicare pagó cerca de $136 millones de los $227 millones facturados. Los fiscales sostienen que los participantes ocultaron su intervención mediante transferencias internacionales y transmisores de dinero sin licencia, y que usaron parte de los fondos para comprar vehículos de lujo.
Como parte del acuerdo de culpabilidad, Kablazada aceptó el decomiso de más de $46 millones incautados en diez cuentas bancarias. Admitió dos cargos de fraude de atención médica y enfrenta una pena máxima combinada de 20 años; el juez determinará la sentencia después de aplicar las normas y factores legales correspondientes.
Qué deben revisar los beneficiarios
Medicare recomienda comparar las fechas y servicios de los estados de cuenta con la atención realmente recibida. También aconseja proteger el número de Medicare y no entregarlo a personas que ofrecen regalos, pagos o servicios supuestamente gratuitos.
Quien identifique una prueba, equipo o servicio que no recibió puede llamar al 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227) o usar el canal oficial para reportar fraude. Tener a mano el estado de cuenta y los detalles del cargo facilita la revisión.
En contexto
El caso muestra que el robo de identidad médica no solo pierde fondos públicos: también puede contaminar el historial de una persona con servicios que nunca recibió. Revisar los estados de cuenta es una práctica de protección personal y una forma concreta de cuidar recursos destinados a pacientes.
Fuentes primarias: Departamento de Justicia de Estados Unidos y Medicare, guía para reportar fraude.