Un gran jurado federal acusó a Luis Manuel Hernández Victoria, conocido como “El Ingeniero”, de diseñar y construir para el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) un túnel transfronterizo de 1,933 pies que conectaba Tijuana con una tienda en San Diego. La imputación incluye apoyo material a una organización terrorista extranjera, delitos relacionados con el túnel y conspiración para importar drogas.
Información verificada a las 7:13 a. m. AST del viernes 30 de octubre de 2026. Los cargos son alegaciones y el acusado se presume inocente mientras no se pruebe lo contrario.
Una estructura preparada para mover cargamentos
La Fiscalía del Distrito Sur de California informó que el túnel tenía unos 55 pies de profundidad y 4.5 pies de altura. Sus paredes estaban reforzadas y contaba con rieles, ventilación y electricidad. El acceso en Estados Unidos estaba dentro de un comercio localizado en 2498 Roll Drive, Suite E, en el sector de Otay Mesa.
Agentes federales descubrieron la estructura el 29 de mayo de 2026. Según la acusación, la vigilancia había comenzado meses antes al observar que la actividad de la tienda no coincidía con un negocio minorista normal y que se movían maletas entre el local, vehículos y la frontera.
Qué atribuye la fiscalía al acusado
Los fiscales alegan que Hernández Victoria aportó conocimientos especializados para planificar y construir la obra. La imputación lo vincula con una conspiración para financiar o construir el túnel, utilizarlo para introducir drogas y prestar apoyo material al CJNG, organización que Estados Unidos designó como terrorista extranjera.
El Departamento de Justicia indicó que autoridades mexicanas lo arrestaron el 15 de octubre en Jalisco. Es la séptima persona acusada en relación con el túnel. La investigación continúa y la fiscalía no ha presentado una sentencia ni una admisión de culpabilidad.
La incautación que precedió a los cargos
Las autoridades dicen haber decomisado más de una tonelada de cocaína en tres vehículos vinculados con la operación. El valor estimado informado por el gobierno supera los $45 millones. Esa cifra es una estimación de las autoridades y no una determinación judicial sobre el valor final de la evidencia.
Por qué importa a comunidades fronterizas e hispanas
El caso muestra cómo las organizaciones criminales combinan infraestructura física, comercio de fachada y redes de transporte para mover cargamentos a través de la frontera. También eleva las consecuencias penales al incorporar una acusación de apoyo material a una organización terrorista extranjera, además de los delitos de narcotráfico.
Para comunidades mexicanas e hispanas en ambos lados de la frontera, la respuesta pública debe separar la conducta atribuida a una organización criminal de la identidad de millones de residentes y trabajadores que cruzan legalmente. La seguridad efectiva exige investigación precisa, debido proceso y cooperación binacional.
En contexto
La sofisticación del túnel no convierte una acusación en una condena, pero sí revela el nivel de recursos que la fiscalía atribuye a la operación. El próximo paso será que el gobierno pruebe cada cargo ante un tribunal y que la defensa pueda impugnar la evidencia. La justicia se fortalece cuando la seguridad y el debido proceso avanzan juntos.
La imagen de portada es una ilustración editorial original de En Contexto Media. No representa el túnel ni la evidencia del caso.
Fuente primaria: Fiscalía de Estados Unidos para el Distrito Sur de California, 29 de octubre de 2026. Confirmación independiente: Courthouse News Service.