Jald Jensen, exgerente regional de ventas de BizJet International Sales and Support, se declaró culpable de conspirar para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero al pagar sobornos a funcionarios para asegurar contratos de mantenimiento aeronáutico en América Latina.
Información verificada a las 11:58 a. m. AST del viernes 30 de octubre de 2026. La admisión de culpabilidad ocurrió el 29 de octubre; la sentencia todavía no ha sido fijada.
Contratos vinculados con México y Panamá
Según el Departamento de Justicia, Jensen trabajó en BizJet entre 2004 y 2010. La compañía, subsidiaria estadounidense de Lufthansa Technik AG, prestaba servicios de mantenimiento, reparación y revisión de aeronaves a clientes en América Latina.
El comunicado identifica entre esos clientes a la flota aérea del presidente de México, la Policía Federal mexicana, la flota del gobierno de Sinaloa y la Autoridad Aeronáutica Civil de Panamá. La investigación sostuvo que Jensen pagó sobornos a funcionarios con influencia sobre la adjudicación de contratos y utilizó, junto con otros, cuentas bancarias estadounidenses para ocultar y canalizar el dinero.
Una compañía de fachada
Los fiscales señalaron que parte de los fondos pasó por Avionica International & Associates, una empresa controlada por Jensen. La acusación presentada en 2012 describió esa estructura como un mecanismo para disfrazar pagos relacionados con el esquema.
La Prensa de Panamá informó en mayo que Jensen había sido detenido en Puerto Armuelles y que su extradición fue autorizada. Estados Unidos recibió su custodia en septiembre, más de una década después de que la acusación fuera divulgada.
El último acusado en admitir responsabilidad
BizJet llegó en 2012 a un acuerdo de procesamiento diferido y pagó una multa penal de $11.8 millones. Entre 2012 y 2013, otros tres ejecutivos vinculados con el caso se declararon culpables. El Departamento de Justicia describió la admisión de Jensen como la última condena del proceso prolongado.
Jensen se declaró culpable de conspiración para violar la ley anticorrupción. El tribunal programará la sentencia para una fecha de 2027. El delito conlleva una pena máxima de cinco años, pero la sanción concreta será determinada por un juez después de considerar las guías federales y otros factores.
Por qué importa a América Latina
Los sobornos en contratación pública distorsionan la competencia y trasladan el costo a los ciudadanos cuando decisiones sobre servicios y activos públicos responden a pagos ocultos. El caso también demuestra que una investigación transnacional puede mantenerse activa aun cuando una persona permanezca fuera de Estados Unidos durante años.
En contexto
La rendición de cuentas tardó más de una década, pero alcanzó una admisión formal de culpabilidad. El siguiente paso es la sentencia y la lección pública va más allá de una empresa: los contratos gubernamentales necesitan transparencia, controles internos y autoridades capaces de seguir el dinero a través de fronteras.
Fuente primaria: Departamento de Justicia de Estados Unidos, 30 de octubre de 2026. Antecedente independiente: La Prensa de Panamá, 25 de mayo de 2026.