Álvaro Pulido Vargas, colombiano acusado en dos casos federales relacionados con presuntos esquemas de soborno y lavado de más de $2,000 millones ligados a Venezuela, ya está bajo custodia en el sur de Florida y comparecerá ante un tribunal este martes 13 de octubre.
El Departamento de Justicia informó que Pulido, también conocido como Germán Enrique Rubio Salas, fue acusado en 2019 y nuevamente en 2021. La comparecencia inicial está prevista para la tarde en el Distrito Sur de Florida.
El caso de los contratos de alimentos y medicinas
La acusación de 2021 atribuye a Pulido y cuatro coacusados un esquema relacionado con aproximadamente $1,600 millones en contratos del programa venezolano CLAP, creado para proveer alimentos y medicinas. Los fiscales alegan que los costos fueron inflados para financiar sobornos y enriquecimiento personal.
Según el expediente citado por Justicia, cerca de $180 millones habrían sido transferidos a través de Estados Unidos o hacia cuentas estadounidenses, incluidas cuentas en el sur de Florida. Pulido enfrenta en ese caso un cargo de conspiración para lavar dinero y cuatro cargos de lavado.
La acusación de 2019
En el proceso anterior, Pulido y Alex Saab fueron acusados de lavar aproximadamente $350 millones mediante un presunto esquema vinculado con el sistema cambiario y contratos de vivienda de Venezuela. Los fiscales sostienen que se usaron documentos de importación falsos y sobornos para aprobar operaciones y mover fondos por bancos estadounidenses.
Qué ocurre ahora
La comparecencia inicial permitirá al tribunal comunicar formalmente los cargos y atender asuntos de custodia y representación legal. No es un juicio ni una determinación de culpabilidad.
Las acusaciones describen alegaciones del gobierno. Pulido conserva la presunción de inocencia y los fiscales deberán probar cada cargo más allá de duda razonable.
En contexto
El traslado de un acusado que llevaba años prófugo abre la etapa judicial en Estados Unidos, pero no la cierra. La relevancia pública está en seguir el dinero, examinar los contratos que debían servir a poblaciones vulnerables y distinguir con cuidado entre lo alegado y lo demostrado.
Fuente: Departamento de Justicia de Estados Unidos, 11 de octubre de 2026; acusaciones federales de 2019 y 2021 enlazadas por la agencia.