El Departamento de Justicia, el Departamento de Agricultura y la oficina del inspector general de USDA reunieron acciones contra más de 40 personas en una ofensiva nacional que atribuye casi $42 millones en pérdidas previstas o comprobadas a esquemas de fraude contra el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP).
El operativo se desarrolló entre el 1 de septiembre y el 21 de octubre con participación de 13 fiscalías federales y la Fiscalía General de Utah. En conjunto, las actuaciones abarcan cerca de $45 millones en pérdidas previstas para el gobierno federal; casi $42 millones corresponden a SNAP y el resto incluye un caso de seguro agrícola.
Qué conductas aparecen en los casos
El caso de mayor cuantía es una acusación por aproximadamente $29.7 millones contra dos operadores de comercios en Chicago. Los fiscales alegan que procesaron miles de transacciones con información robada de cuentas EBT de Ohio y otros estados, aunque no existían compras legítimas de alimentos.
Otras investigaciones describen dispositivos para copiar datos de tarjetas, robo de identidad, solicitudes de beneficios con información de terceros, intercambio de SNAP por efectivo o artículos no permitidos y reventa de fórmula infantil comprada con beneficios sustraídos.
No todas las acciones tienen el mismo estado
El anuncio federal agrupa acusaciones, querellas, declaraciones de culpabilidad y sentencias. Esa diferencia es esencial: las personas acusadas se presumen inocentes mientras no se pruebe su culpabilidad, mientras que otros participantes ya admitieron conducta o recibieron sentencia.
El Departamento destacó que algunos investigados son extranjeros o personas cuya presencia migratoria se cuestiona. Sin embargo, el estatus migratorio no prueba por sí mismo un fraude. La responsabilidad depende de la evidencia de cada caso, y la lista también incluye ciudadanos estadounidenses.
Qué significa para Puerto Rico y los hispanos
SNAP sirve directamente a millones de familias en los estados y el Distrito de Columbia, incluidas comunidades hispanas. Puerto Rico, en cambio, opera el Programa de Asistencia Nutricional (PAN) mediante una asignación federal separada. Aunque los programas no son idénticos, ambos dependen de controles que protejan fondos destinados a personas con necesidad alimentaria.
En contexto
Perseguir el fraude puede proteger recursos escasos sin convertir una acusación en condena ni estigmatizar a quienes reciben ayuda legítimamente. La responsabilidad pública exige las dos cosas: cuidar el fondo común y preservar el debido proceso de cada persona.
Fuente: Departamento de Justicia de Estados Unidos, 21 de octubre de 2026. Imagen: gráfica original de En Contexto Media basada en datos del DOJ y USDA.