KKR & Co. GP LLC acordó pagar una multa civil de $250 millones mediante un acuerdo propuesto con el Departamento de Justicia de Estados Unidos para resolver alegaciones de incumplimientos reiterados en el proceso federal de revisión de fusiones y adquisiciones.
La cifra representa la mayor penalidad civil anunciada por el Departamento de Justicia por violaciones a la Ley Hart-Scott-Rodino, según el comunicado oficial publicado el 26 de agosto.
Alegaciones sobre al menos 16 transacciones
La demanda del gobierno alegó que KKR evitó la revisión antimonopolio adecuada en al menos 16 transacciones realizadas entre 2021 y 2022. Según Justicia, la firma modificó documentos en presentaciones relacionadas con al menos ocho operaciones, omitió por completo la notificación requerida en al menos dos y dejó fuera documentos obligatorios en al menos diez.
La Ley Hart-Scott-Rodino exige que determinadas fusiones, adquisiciones y otras transacciones de gran tamaño sean notificadas al Departamento de Justicia y a la Comisión Federal de Comercio antes de completarse. Ese proceso permite evaluar si una operación puede perjudicar la competencia.
Un acuerdo todavía sujeto al proceso judicial
El Departamento de Justicia presentó el acuerdo propuesto y una sentencia final propuesta ante el Tribunal federal para el Distrito Sur de Nueva York. Los documentos establecen que KKR pagaría los $250 millones dentro de los 30 días siguientes a la entrada de la sentencia final.
KKR es una firma global de inversión con sede en Nueva York y más de $744,000 millones en activos bajo administración, de acuerdo con el comunicado federal.
Por qué importa
La acción establece una referencia significativa para la fiscalización de adquisiciones y fondos de inversión en Estados Unidos. Las decisiones de grandes firmas de capital privado pueden afectar empresas, empleos, mercados y servicios utilizados por consumidores en Puerto Rico y por comunidades hispanas en todo el país.
Fuente: Departamento de Justicia de Estados Unidos. Las afirmaciones descritas proceden de una demanda civil y de un acuerdo propuesto; no equivalen por sí solas a una determinación judicial final. Fotografía de dominio público del gobierno federal.