Una familia de West Virginia pidió este viernes al Tribunal Supremo de Estados Unidos que revise la exclusión de su hija de una escuela pública virtual después de que las autoridades rechazaran una exención religiosa al requisito estatal de vacunación.
La petición fue presentada el 4 de septiembre en Perry v. Marteney. Los padres sostienen que su hija estudiaba desde el hogar mediante una escuela pública virtual y que el estado aplicó el requisito de vacunación aunque la ley exime a estudiantes educados en el hogar, en microescuelas o en grupos de aprendizaje.
Qué cambió
El Tribunal de Apelaciones del Cuarto Circuito había rechazado la reclamación de la familia bajo la garantía constitucional del libre ejercicio religioso. Con la nueva petición, los abogados solicitan que el Tribunal Supremo examine esa decisión y determine si el trato distinto entre estudiantes virtuales y otras modalidades educativas desde el hogar viola la Primera Enmienda.
La presentación no significa que el Supremo haya aceptado escuchar el caso. Los jueces pueden pedir información adicional, rechazar la petición o incorporarla a su calendario. Tampoco existe todavía una nueva regla nacional sobre exenciones religiosas.
Lo jurídico y lo médico no son lo mismo
La controversia trata sobre el alcance de una exención religiosa y la aplicación uniforme de la ley estatal. No resuelve la seguridad o eficacia de las vacunas ni sustituye la orientación de profesionales de la salud. El punto inmediato es si una estudiante de escuela pública virtual puede recibir un trato distinto al de otros menores que aprenden desde su hogar.
Por qué importa
Una eventual revisión podría aclarar cómo las escuelas públicas virtuales deben manejar solicitudes religiosas cuando el estado ya reconoce excepciones para otras formas de educación domiciliaria. El resultado podría interesar a familias puertorriqueñas que viven en los estados y utilizan programas públicos en línea.
En contexto
La libertad religiosa se mide en decisiones concretas, pero una petición no es una victoria. La etapa que comienza ahora exige observar si el Tribunal Supremo acepta el caso y, si lo hace, qué límite constitucional establece entre la autoridad sanitaria del estado, la educación pública y el libre ejercicio de la fe.
Fuentes: petición presentada en Perry v. Marteney y comunicado de Alliance Defending Freedom, ambos del 4 de septiembre de 2026.
Imagen: Carol M. Highsmith/Library of Congress; sin restricciones conocidas. Ficha de la imagen.