La Junta de Supervisión Financiera pidió que se cumpla el mecanismo contractual para que un proveedor alterno pueda entregar gas natural licuado (GNL) cuando NF Energía LLC (NFE) no pueda suplirlo. La Junta sostiene que los retrasos recientes obligaron a recurrir a diésel, cuyo costo adicional la AEE estima en unos $32 millones entre el 16 de septiembre y el 12 de octubre de 2026.
La declaración del 21 de octubre es un nuevo paso en una controversia que ya había llegado a la Cámara y a los tribunales. La cifra de $32 millones corresponde al periodo que identifica ahora la Junta; no equivale a la reclamación más amplia, cercana a $100 millones, que el Gobierno dijo que procuraba incluir en su disputa con NFE. Son cálculos con alcance temporal distinto y ninguno representa por sí solo una deuda adjudicada por un tribunal.
Qué exige la Junta y por qué
Según la Junta, el contrato entre la AEE y NFE, vigente desde diciembre de 2025, establece que cuando NFE no pueda entregar el combustible, debe permitir que un tercero lo transporte por las instalaciones portuarias de NFE y formalizar un acuerdo de peaje con ese suplidor. La Junta afirma que ese mecanismo fue una condición fundamental de su aprobación al contrato y que debe operar mientras las partes resuelven sus desacuerdos.
La Junta dijo que apoya a la AEE y a la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas en los esfuerzos para exigir el cumplimiento del contrato. También anunció que convocará a las partes y agencias pertinentes para coordinar cómo prevenir nuevas interrupciones. Esa convocatoria es el paso anunciado; el comunicado no confirma que ya haya un acuerdo nuevo ni que se haya normalizado por completo el suministro.
Cómo puede afectar al servicio eléctrico
El GNL abastece unidades de generación que prestan servicio a Puerto Rico. Si se interrumpe el suministro, operar con diésel puede elevar el costo de producir electricidad y aumentar la presión sobre un sistema que ya depende de combustibles importados. La AEE estima aquí el costo para residentes y negocios, pero el comunicado no determina cuánto, si algo, terminará trasladándose a las facturas: eso depende de procesos regulatorios y de cómo se resuelva la disputa contractual.
El asunto también toca la confiabilidad: la cláusula de suplido alterno busca que el combustible siga llegando aunque exista una controversia entre las partes. Aún falta conocer qué proveedores alternos están disponibles, cuándo entrarían en operación y cómo se atenderán los costos logísticos y regulatorios.
Lo que falta por aclarar
La nota previa de En Contexto Media informó que el Gobierno planteaba elevar su reclamación total contra NFE a cerca de $100 millones. La Junta no califica esos cálculos como incompatibles: aporta ahora la estimación de la AEE para un periodo específico de casi cuatro semanas y subraya la obligación de facilitar el acceso de terceros. La diferencia entre estimados debe leerse con sus fechas, componentes y documentos de respaldo, no como si fueran la misma factura.
La Junta no detalló en su comunicado una fecha para la reunión de coordinación ni una determinación final de las reclamaciones. Tampoco se presenta aquí la posición actual de NFE sobre la interpretación contractual, el cálculo de $32 millones o la reclamación total; esas respuestas deben incorporarse cuando la empresa o el expediente las publique.
Fuentes: Junta de Supervisión y Administración Financiera, declaración del 21 de octubre de 2026; El Nuevo Día, antecedente sobre el mecanismo de emergencia para suplido de gas; En Contexto Media, cobertura previa del reclamo gubernamental más amplio.
La Junta atribuye a la AEE la estimación de $32 millones. La cifra no es un fallo judicial ni confirma cuánto se cargará finalmente a los consumidores.